El 1 de diciembre de 2026 entra en plena vigencia la Ley 21.719. A partir de ese día, las organizaciones deberán poder explicar sus decisiones automatizadas, garantizar intervención humana significativa cuando un titular las impugne y comunicar el tratamiento de datos de forma comprensible. La Agencia de Protección de Datos Personales tendrá facultades para fiscalizar y sancionar.
La mayoría de las organizaciones chilenas tiene sistemas que deciden sobre personas como scoring, selección, priorización o segmentación. Sin embargo, aún no tienen el mapa completo de su propia exposición. Prepararse toma meses, y la diferencia entre cumplir con criterio y cumplir con apuro se decide ahora.